Agur ETA. Agur Espania?(II): La legalidad

La sensacional capacidad del nacionalismo para generar mitos alcanza su paroxismo cuando reivindica como “derecho” su objetivo secesionista. A fuer de repetir el argumento, más en una socidad como la española en la que todo parece debérsenos, muchos asumen ya con normalidad que quebar la unidad nacional no es una traición a la historia, no es vulnerar el sistema democrático, no es romper la  convivencia entre españoles, no es, en definitiva, una ilegalidad fragrante. Es, simplemente, un derecho. Y los derechos -no tanto los deberes- gozan en el imaginario colectivo de una abierta simpatía: derecho a la vida, derechos humanos, derecho a una vivienda digna, a la justicia, etcétera.

De modo que conseguir incluir el “derecho de autodeterminación” en el marco del resto de conquistas sociales constituye un éxito extraordinario, uno más, del separatismo.

La estrategia del lenguaje nacionalista, digno de tesis doctoral, nos ha llevado últimamente hasta el vocablo “decidir”, “Derecho a decidir” dicen ahora. ¿Cómo negarle a alguien un derecho?, ¿cómo negárselo, además, si ese derecho tan solo consiste en elegir, en poder decidir, en ejercer la democracia misma?.

Así las cosas, del agresivo e inquietante “Independentzia!” pasamos al mucho más tolerable y cordial: “Derecho a decidir”. Encierran el mismo significado, albergan el mismo contenido, cambia, sin embargo, el continente. Un brillante –y exitoso- ejercicio eufemístico.

Pero volvamos a la autodeterminación. Su origen filosófico resulta vago e impreciso, alude a los pueblos –con la multiplicidad de sentidos que dicho termino entraña- , pero también a los individuos. Aunque se origina a finales del XVIII empieza a cobrar cierta relevancia política en el siglo XX de la mano de ideologías tan diversas como el marxismo, el nacionalismo, el bolchevismo o el liberalismo.

Fue sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial cuando la autodeterminación adquiere cuerpo jurídico internacional (constituye un principio fundamental del Derecho Internacional Público y es reconocido en la Carta de las Naciones Unidas -no así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos-) al objeto de impulsar el proceso descolonizador de las potencias europeas.

África colonial

De modo que, y según la doctrina jurídico-política de la ONU, el derecho de autodeterminación de los pueblos es aplicable en dos supuestos:

“(…) en situaciones coloniales y en aquellos Estados que no estén dotados de un sistema político que represente a la totalidad del pueblo perteneciente a su territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”

Y fue precisamente este marco legal el que amparó la descolonización de las potencias europeas en África y Asia, en los sesenta y la desmembración del imperio soviético en los noventa. Casos ambos que encajan a la perfección con la descripción legal que la ONU contempla como viable.

Dicho de otro modo:

"El derecho internacional es claro: la autodeterminación sólo se reconoce en procesos de descolonización o de régimen totalitario. No existe ni un solo país en el mundo con Constitución liberal-democrática que tenga reconocido el derecho de secesión o el derecho de autodeterminación"

(Josep Maria Castellà, Profesor de Derecho Constitucional de la U. de Barcelona)

Previendo los legisladores la posibilidad de interpretaciones interesadas ajenas a estos dos supuestos (a saber: situación colonial o régimen dictatorial o no representativo), se estableció con rotundidad meridiana que:

"Todo intento dirigido a la ruptura total o parcial de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Más aún, y para acabar de despejar cualquier atisbo de duda, las Naciones Unidas incluyen al final del texto jurídico la llamada “Cláusula de Gobierno Representativo”, a cuyo tenor:

Naciones Unidas

“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color. Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país”.

De modo que la legalidad internacional no sólo no ampara las reivindicaciones del secesionismo vasco (y demás nacionalismos domésticos), mas al contrario: rechaza y tiene por ilegal “toda acción encaminada a quebrantar (…) la integridad territorial de Estados soberanos e independientes”.

¿No cabe entonces posibilidad legal alguna para impulsar la separación de una región española del resto de la nación? A juicio de Luis María Ansón (El Mundo, 22 de septiembre de 2011) la Carta Magna sí prevee, de algún modo, esa posibilidad:

“Conforme al artículo 168, si uno o varios partidos catalanes desean la independencia de su región, pueden plantearla en el Congreso de los Diputados. Si consiguen que los dos tercios de los congresistas aprueben su propuesta de secesión, esta pasaría al Senado, que debería respaldarla también por dos tercios. Si así fuera, entonces habría que disolver de forma inmediata las dos Cámaras y celebrar elecciones generales. Los dos tercios del nuevo Congreso y los dos tercios del nuevo Senado se tendrían que sumar a la propuesta. Y a continuación se convocaría referéndum nacional para que decidieran todos los españoles, no sólo los catalanes. (…) A una nación con cinco siglos de Historia no se la fractura facilmente”. 

Este proceso secesionista exigiría, a su vez, una reforma inmediata de la Constitución.
Éstos serían los cambios que, a juicio del Abogado del Estado José Mateu Istúriz, hijo de un padre asesinado por la ETA, hermano de un hermano asesinado por la ETA, habrían de acometerse:

“(…) el monopolio de la soberanía del pueblo español (Artículo 1.2) y la indisoluble unidad de la Nación española (Artículo 2). Consecuencia obligada de aquella modificación sería el cambio de la forma política del Estado: la Monarquía Parlamentaria (Artículo 1.3), al quedar vacía de contenido una de las funciones básicas de la Jefatura del Estado, ser “símbolo de su unidad y permanencia” (Artículo 56.1). La República Federal, con el derecho de separación de sus pueblos, sería el resultado constitucional de los cambios necesarios para satisfacer la exigencia terrorista (de la independencia)”

Para muchos expertos, el fallo judicial más importante que en relación al terrorismo, pero también, y sobre todo, al secesionismo vasco se ha producido hasta la fecha fue el que formuló el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ratificando la ilegalización de Batasuna:

"Un partido político cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia o auspicien un proyecto político que no respete alguna o algunas de las reglas de la democracia, que aspire a la destrucción de la misma o menoscabe los derechos y libertades que esta última consagra no puede pretender que se le proteja contra las sanciones que se le hayan impuesto por cualquiera de estos motivos".

En definitiva, la versión política de ETA es tan incompatible con la democracia por sus medios como lo es por sus fines. Ni los medios ni los fines. Ni asesinar ni destruir el marco democrático.

Santiago Abascal Conde, sociólogo por la la Universidad de Deusto, exjuntero de la Diputación Foral de Álava, exparlamentario vasco y Presidente fundador de la Fundación DENAES es uno de los mayores expertos que en España tenemos en relación al asunto de la autodeterminación. Su libro La farsa de la autodeterminación. El Plan Ibarretx: al asalto del País Vasco y España (Áltera, 2005), que recomiendo vivamente, resulta esclarecedor (el trabajo académico que lo inspiró mereció Matrícula de Honor en su tesina de fin de Licenciatura).

Documentadísimo, rebate uno por uno los mitos y falsedades del tan manipulado derecho del pueblo vasco a decidir su propio futuro. Desde la teoría, pero también en la práctica:

El pasado mes de octubre, la fundación que él preside celebró su quinto aniversario, al que yo mismo tuve el honor de asistir. El Presidente expuso, en un lúcido discurso, muchas de las claves del desafío que España habrá de enfrentar: 

“(…) después de tanto tiempo concentrados en proclamar la ilegitimad de los medios terroristas dejando salir indemnes los fines totalitarios y secesionistas, hoy nuestro discurso se encuentra argumentalmente desarbolado ante la ofensiva nacionalista que se avecina irremediablemente.

Hemos de enmendarnos. No todo es defendible y plausible en democracia. No lo es la limitación de las libertades ciudadanas, no lo es el cuestionamiento de la igualdad radical del hombre, no lo es la impugnación de la democracia misma, y no lo es –faltaría más- la disolución de la unidad nacional.

Nuestra obligación es desmontar la supuesta legitimidad de esa reivindicación y del pretendido derecho de secesión de una parte de la nación. Y existe un inapelable argumento de fondo para negarlo. Se priva a los españoles de un patrimonio que también les pertenece, y que además les pertenece de manera irrenunciable.

Es cierto que también hay quien piensa que, en una democracia como la nuestra, los españoles podríamos llegar a renunciar a nuestra herencia voluntaria y conjuntamente en plebiscito nacional, aunque por razones de toda índole de ninguna manera debamos.

Y aquí sostenemos que ni siquiera podemos. Apoyados en la doctrina clásica de los límites del poder constituyente, mantenemos que la reforma constitucional no puede modificarlo todo ni admitir la segregación de una parte de nuestro territorio y de nuestra nación. El poder constituyente constituido no puede atentar contra su propio fundamento, que no es otro que la existencia, la continuidad histórica y la unidad de la nación española”

En cualquier caso, y si algún día España impulsara su propia autodisolución (aún siendo ésta contraria a las leyes, a la historia y al mero sentido común), habrían de salvarse aún multitud de consideraciones.

Verbigracia cómo habría de regularse finalmente el proceso, ¿referéndum?, ¿iniciativa política?. 
De escoger la vía referéndum, ¿qué porcentaje legitimaría la escisión?. 
En cuanto a los criterios geográficos, ¿votaría todo el país su propia autodestrucción o sólo la región en cuestión?. Y siendo coherentes con el proceso, ¿no debería permitírsele a las regiones del nuevo Estado resultante la misma capacidad de autodeterminarse?, ¿y a las comarcas de esas regiones?. El proceso podría degenerar hasta el absurdo de la infinita divisibilidad del territorio y a la imposibilidad de fijar fronteras estables.

Fronteras actuales de la UE

¿Y en cuanto a las deudas históricas del nuevo Estado con la nación de la que se marcha (inversión en comunicaciones, infraestructuras, sanidad, fuerzas armadas)?, ¿se devolverían?, ¿en qué condiciones?, ¿en qué porcentaje?, ¿a partir de qué fecha se contabilizaría la deuda?.

Y el resultado de tal referendo, ¿sería el mismo sin una educación controlada por el nacionalismo en los últimos 30 años?, ¿y sería el mismo si aún vivieran en el País Vasco los doscientos mil vascos que el terrorismo nacionalista forzó al exilio?

Si finalmente se diera este precedente la conmoción recorrería la espina dorsal de la Unión Europea, que vería en riesgo real la actual distribución de fronteras. 
¿Quiénes serían los siguientes?, ¿Flandes?, ¿Córcega?, ¿Escocia?, ¿la Padania?. ¿Toleraría Bruselas una escalada que cambiaría el continente tal y como lo conocemos hoy?

Con el nacionalismo, en definitiva, se puede pactar, mal que bien, la próxima subida del IRPF o la financiación autonómica, pero no la existencia misma de España. Tampoco, aunque les suponga una losa insoportable, su condición de españoles.  Del mismo modo que un hijo puede negociar la paga semanal con su madre pero no su condición de hijo, no que su madre es su madre. No cabe tal cosa. 

*A mi amigo Paco Cuñago, por animarme siempre a escribir.